Laura Bozzo enfrenta embargo tras perder demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva
Laura Bozzo, conocida conductora del programa matutino “Venga la Alegría”, se encuentra en medio de una nueva controversia legal, esta vez enfrentando la posibilidad de un embargo de sus bienes y sueldos. La situación surge a raíz de una demanda por daño moral y difamación interpuesta por los actores Gabriel Soto e Irina Baeva, que data de 2020.
El fallo judicial, emitido tras una audiencia incidental el pasado 2 de diciembre, le otorga a Bozzo un plazo de cinco días para pagar una cantidad económica que aún debe ser determinada por el juez. De no cumplir con este pago, se procederá a embargar sus bienes y sueldos provenientes de sus contratos con TV Azteca y Telemundo.
El abogado de Gabriel Soto, Gustavo Herrera, explicó que se ha dictado una sentencia interlocutoria que permite avanzar en el proceso legal. En caso de que Bozzo no pague voluntariamente, se procederá a la vía de apremio, lo que implica dictar una orden de embargo.
La disputa legal entre las partes comenzó cuando, en octubre de 2020, Gabriel Soto e Irina Baeva demandaron a Laura Bozzo por sus declaraciones públicas. Según los actores, Bozzo afirmó que Gabriel había terminado su matrimonio con Geraldine Bazán debido a una relación con Irina Baeva, lo cual consideran dañó su reputación personal y profesional.
La denuncia también incluyó acusaciones de acoso y amenazas, buscando no solo una compensación económica sino también una restricción para que Bozzo no los mencione nuevamente en público.
Este caso no es el primero en el que Laura Bozzo se ve envuelta en problemas legales. Su estilo directo y a menudo polémico la ha colocado en el centro de varias controversias mediáticas. Sin embargo, esta situación podría tener repercusiones económicas significativas si se concreta el embargo de sus ingresos.
Mientras se espera la próxima audiencia para definir el monto exacto que deberá pagar, Bozzo enfrenta un panorama complicado tanto en su carrera mediática como en su situación financiera. La resolución del caso pone de manifiesto las tensiones entre su estilo comunicativo y los límites legales de sus declaraciones públicas.
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